Unos 118
ayuntamientos en Cataluña incumplen la Ley de banderas y deciden desobedecerla.
Un dato escandaloso que, a mi juicio, supone un acto clarísimo e irrefutable de
deslealtad y desacato a la Constitución Española.
Resulta
verdaderamente insultante que el símbolo más básico y elemental de la nación
española sea burlado en tantas instituciones públicas. Se hace patente que los
españoles decentes ya no podemos caminar tranquilamente por ambientes locales
sin hallar ilegalidades.
Multitud de
ayuntamientos osan suprimir la bandera, aunque otros hacen algo igualmente
ofensivo que es mofarse de ella: poner una bandera de 10 cm al lado de una “estelada”
de 2 metros o ponerla junto a 10 “esteladas”. Sea como sea, esté o no izada la
bandera española, la visión de conjunto que ofrece la fachada de los susodichos
ayuntamientos ofende a la vista de una forma u otra. Lo que sea con el fin de minimizar
la presencia de España en Cataluña y saturar la vista con el independentismo y
los falsos espejismos de una Cataluña separada.
La violación de la
Ley de banderas debe ser considerada como desacato e incluso, en los casos más
obscenos, traición. De hecho, la legislación actual prevé tales comportamientos
por parte de entes públicos y estipula sanciones a los líderes de los
movimientos de desobediencia. Los alcaldes siempre presentan la misma excusa:
que lo hacen por virtud democrática; aunque lo que más me sorprende es que no
se ha celebrado ningún referéndum para decidir la instauración de símbolos
anticonstitucionales o de la eliminación de los nacionales.
A mi entender, el
Gobierno central debería ir tomando medidas correctivas ante los continuos e
incesantes actos de deslealtad de las instituciones públicas catalanas. Urge la
necesidad de recuperar el control en los ayuntamientos para apaciguar esta
fiebre separatista.
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